Tribunal federal ordena al gobierno de Trump que el conteo del censo continúe hasta el 31 de octubre

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Tribunal federal ordena al gobierno de Trump que el conteo del censo continúe hasta el 31 de octubre

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Una jueza de distrito de California anula la decisión de la Oficina del Censo de finalizar el recuento el 30 de septiembre alegando que un proceso acelerado puede producir cifras inexactas y excluir a grupos históricamente marginados.

 

Un tribunal federal ordenó a la Administración Trump que prescinda de las modificaciones de última hora en el calendario del Censo de 2020 y que se cumpla el plazo para el recuento hasta octubre, tal y como estaba previsto originalmente.

 

La orden preliminar emitida la noche de este jueves por la jueza del Distrito Norte de California, Lucy Koh, requiere que la Oficina del Censo siga intentando contar a los residentes del país hasta el 31 de octubre.

 

El fallo responde a una demanda presentada por una coalición nacional de gobiernos locales y organizaciones de derechos civiles sobre la decisión de la administración Trump el mes pasado de comprimir ocho meses y medio de recopilación y procesamiento de datos en solo cuatro meses y medio.

 

El director de la Oficina del Censo, Steven Dillingham, anunció en julio que el secretario de Comercio Wilbur Ross, que supervisa la oficina, le había ordenado que acelerara todos los esfuerzos de conteo para terminar el 30 de septiembre, un mes antes de lo que la oficina había planeado, con el fin de entregar el primer conjunto de resultados al presidente Trump, como lo exige la ley federal, para finales de este año.

 

El Congreso aún no ha aprobado ninguna ley para ampliar los plazos de presentación de informes del censo, aunque un grupo bipartidista de senadores presentó recientemente un proyecto de ley con extensiones.

 

Los abogados del Departamento de Justicia han tratado de presentar la aceleración del conteo como una forma de que la Oficina del Censo cumpla con el plazo legal del 31 de diciembre para reportar los resultados, en vista de que el Congreso no le da más tiempo a la Oficina.

 

Koh señaló en su fallo, que cita múltiples correos electrónicos internos y otros documentos oficiales, que la explicación del gobierno sobre el recorte de los plazos del censo "va en contra de los hechos".

 

"Esos hechos muestran no solo que la Oficina (del Censo) no pudo cumplir el plazo legal, sino también que la Oficina había recibido presión del Departamento de Comercio para que dejara de buscar una prórroga del plazo", afirmó la jueza en el fallo citado en la NPR.

 

Koh encontró que el calendario recortado por el gobierno probablemente producirá números inexactos sobre grupos históricamente no contados, incluyendo gente de color e inmigrantes. Eso, a su vez, dañaría el propósito constitucional del conteo: redistribuir los escaños de la Cámara de Representantes entre los estados en base a sus últimas poblaciones.

 

El juez también determinó que los demandantes tienen, en última instancia, probabilidades de tener éxito en sus exigencias argumentando que la decisión de la administración fue arbitraria y caprichosa.

 

El fiscal de Los Ángeles, Mike Feuer, valoró el fallo como "una gran victoria en nuestra lucha por un recuento exacto del Censo, que es crucial para una representación política justa y la asignación adecuada de los recursos federales esenciales".

 

"La corte vio los esfuerzos de la Administración Trump para camuflar su interferencia política en lo que se supone, debe ser un proceso neutral y no partidista para contar a cada persona. Ahora, con poco tiempo que perder y tanto en juego, insto a todos a que se tomen los pocos momentos necesarios para ser incluidos en el censo", subrayó Feuer en un comunicado.

 

La coalición de demandantes incluye las ciudades de Los Ángeles, Chicago, Salinas y San José, junto con el condado de Harris, Texas; el condado de King, Washington, la Nación Navajo, la Comunidad Indígena del Río Gila, la Alianza Negra para una Inmigración Justa, la Liga Urbana Nacional, la NAACP, la Liga de Mujeres Votantes y los comisionados de los tribunales del condado de Harris, Rodney Ellis y Adrián García.

 

Fuente: UN

asp