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Corte restablece prioridades de deportación de Biden: estos son los indocumentados en la mira de ICE

today04/14/2022 15

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Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito dejó sin efecto un fallo judicial emitido por una corte de Ohio que había anulado las prioridades de deportación del gobierno anunciadas en septiembre y enfocadas en extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

 

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito anuló un fallo judicial emitido por una corte de Ohio que había dejado sin efecto las prioridades de deportación del gobierno.

 

La sentencia fue dictada el viernes, pero recién se conoció el lunes.

 

El fallo mantiene la política del gobierno de priorizar la expulsión solo de aquellos extranjeros con antecedentes criminales graves y que representan una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos.

 

La lista también incluye a todos aquellos no ciudadanos que ingresaron sin autorización al país (sin ser inspeccionados) después del 1 de noviembre de 2020.

 

La decisión fue emitida dos semanas después que un juez federal bloqueara la discrecionalidad otorgada a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que decidieran, caso por caso, qué inmigrantes debían ser deportados.

 

En la sentencia, el juez Michael J. Newman desestimó los alegatos del DHS y concedió la demanda entablada por los estados de Arizona, Montana y Ohio, quienes alegan que quienes alegan que el gobierno violó la ley al modificar y establecer las prioridades de deportación, sobre todo de aquellos indocumentados que tienen una orden de expulsión vigente.

 

La orden de Newman significó que el gobierno debe proceder con las deportaciones y no puede “autorizar la liberación de, ya sea bajo fianza, supervisión o de otro modo, de un no ciudadano con una orden final de deportación”.

 

Pero el panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito en Ohio anuló la orden emitida el 22 de marzo. ¿La razón? El panel aceptó el argumento del DHS, quien advirtió que la implementación de aquella orden “desestabilizaría” el aparato de aplicación de la ley.

 

Los tres estados demandantes de las prioridades de deportación del gobierno señalaron en su demanda que el DHS debe “tomar bajo custodia” a los no ciudadanos con ciertas condenas y “expulsarlos” dentro de un plazo de 90 días si tienen órdenes finales de deportación.

 

Citaron las preocupaciones de los años 90 cuando el legislativo “perdió la confianza” en la capacidad del entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) “para hacer frente a las crecientes tasas de actividad delictiva por parte de extranjeros» o que el sistema de inmigración de aquel entonces estaba en desorden “y los extranjeros delincuentes constituían una parte irritante del problema”.

 

Sin embargo, el DHS explicó en sus alegatos ante la Corte de Apelaciones que las prioridades de deportación se vienen implementando desde al menos septiembre del 2021 y que durante la mayor parte de todo ese tiempo el departamento había reasignado personal y recursos a la frontera con México” para hacerse cargo de los problemas de seguridad en esa zona y de acuerdo con la guía de prioridades emitida a finales de septiembre.

 

Los abogados del DHS también argumentaron que el personal reasignado y los recursos redirigidos a ese esfuerzo “debían ser nuevamente asignados para implementar la orden judicial preliminar”, un paso que amenazaba con desestabilizar las funciones de seguridad nacional.

 

Tras analizar los argumentos presentados por el gobierno y el debate jurídico sobre el tema, el panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito aceptó la moción de emergencia

presentada por el DHS y suspendió la orden judicial preliminar “mientras este tribunal resuelve la moción de suspensión”.

 

“El propósito de [una] suspensión administrativa es dar al tribunal suficiente oportunidad para considerar los méritos de la moción de suspensión pendiente de apelación”, se lee en la sentencia.

 

El panel dijo además que “es necesaria una suspensión administrativa en este caso para preservar el statu quo y

brindarnos la oportunidad de dar una ‘consideración razonada’ a la moción del DHS para permanecer pendiente apelación”.

 

La orden judicial emitida en marzo “se suspende en espera de nuestra resolución de la moción del DHS para una suspensión en espera de la apelación del mandato judicial preliminar”, escribieron los jueces.

 

Cuáles son las prioridades

Estas son las prioridades de deportación del gobierno de acuerdo con el memorando emitido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, el 29 de septiembre del año pasado.

 

Las prioridades

Tal y como anunció el gobierno en febrero, las prioridades de deportación son:

 

– Amenaza a la seguridad nacional: un no ciudadano que participe o sea sospechoso de terrorismo o espionaje, o relacionado con el terrorismo o actividades relacionadas con el espionaje, o que represente un peligro para la seguridad nacional.

 

– Amenaza a la seguridad pública: un no ciudadano que represente una amenaza actual para la seguridad pública, generalmente debido a un delito grave.

 

– Amenaza a la seguridad fronteriza: un no ciudadano que represente una amenaza para la seguridad fronteriza.

 

Fecha clave: 1 de noviembre de 2020

El memorando de Mayorkas añade que un no ciudadano es una amenaza para la seguridad fronteriza si:

 

– Son detenidos en la frontera o puerto de entrada mientras intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

 

– Son detenidos en Estados Unidos tras haber ingresado ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020. Esta fecha es clave para entender las prioridades de deportación del gobierno de Biden.

 

Sin embargo, la guía indica que en algunos casos se requerirá una evaluación más a fondo y se tendrá en cuenta “la totalidad de los hechos y circunstancias” para decidir la deportación.

 

Discreción procesal

Si bien el hecho de ser indocumentado no constituye una causa inmediata o única de deportación de Estados Unidos, Mayorkas recuerda en el documento un principio fundamental que rige la autoridad de los agentes federales de inmigración: “el ejercicio de la discreción procesal”.

 

Explica que, por ley, los funcionarios del gobierno federal tienen “amplia discreción” para decidir: quién debe estar sujeto a arresto, detenciones, procedimientos de deportación y ejecutar o llevar a cabo la deportación de un no ciudadano.

 

Población indocumentada

El memorando señala que hay 11 millones de personas indocumentadas o removibles (deportables) de Estados Unidos.

 

Sin embargo, señala que “no tenemos los recursos para aprehender y buscar la remoción” de todos ellos. Y que, debido a esto, “debemos ejercer nuestra discreción y determinar a quién priorizar para la acción de aplicación de la ley de inmigración”.

 

La prioridad, agrega, se enfoca en aquellos que han cometido crímenes y constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

 

Reconocimiento oficial

Mayorkas dice en el documento que el gobierno, “al ejercer nuestra discreción, nos guiamos por el hecho de que la mayoría de los no ciudadanos indocumentados, que podrían ser objeto de expulsión, han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades durante años”.

 

Este grupo de personas incluye: personas que trabajan en primera línea en la batalla contra la pandemia del covid-19, individuos que lideran nuestras congregaciones de fe, personas que enseñan a nuestros hijos y trabajadores que laboran en los campos para ayudar a entregar alimentos a nuestra mesa.

 

No es la única causal

El hecho de ser indocumentado, precisa la guía, no convierte al no ciudadano en removible o deportable. Por lo tanto, “no debe ser el único motivo de acción de ejecución (de la ley de inmigración) contra ellos”.

 

“Usaremos nuestra discreción y enfocaremos nuestros recursos de cumplimiento de una manera más específica”, puntualiza la instrucción. “La justicia y el bienestar de nuestro país así lo requieren”

 

Factores agravantes

Entre los factores agravantes que justifican la deportación se consideran, entre otros:

 

– Gravedad del delito, condena y la pena impuesta

 

– La naturaleza y grado de daño causado por el delito

 

– Uso o amenaza de uso de un arma de fuego o arma peligrosa

 

– Antecedentes penales graves.

 

Factores atenuantes

Sin embargo, también puede haber factores que mitiguen la prioridad de deportación. Entre ellas:

 

– Edad del no ciudadano (avanzada o si se trata de un menor)

 

– Presencia física prolongada en Estados Unidos

 

– Una condición mental que puede haber contribuido a la conducta delictiva, o condición física o condición mental que requiere atención o tratamiento

 

– Condición de víctima de un delito o víctima, testigo o parte en un proceso judicial

 

– El impacto de la deportación en la familia en Estados Unidos, tal como la pérdida del proveedor o cuidador

 

– Si el no ciudadano puede ser elegible para protección humanitaria u otro tipo de alivio migratorio

 

– Servicio militar u otro servicio público del no ciudadano o su familia inmediata

 

– Tiempo transcurrido desde una infracción y evidencia de rehabilitación

 

– Si la condena fue anulada o borrada.

 

* Durante el gobierno de Trump el sólo hecho de haber sido acusado de un delito constituía una prioridad de deportación. Incluso si el caso todavía no había sido sentenciado.

 

Asunto complicado y de derechos civiles

Mayorkas escribió que la decisión de cómo ejercer la discreción fiscal “puede ser complicada y requiere trabajo de investigación”.

 

“Nuestro personal no debe depender del hecho de una condena o del resultado solamente de una búsqueda en la base de datos. Más bien nuestro personal debe, en la mayor medida posible, obtener y revisar todo el expediente penal y administrativo y otra información de investigación para aprender de la totalidad de los hechos y circunstancias de la conducta en cuestión”.

 

La discreción de los agentes federales también apunta a respetar los derechos y libertades civiles de los no ciudadanos.

 

Precisa que la raza, religión, género, orientación sexual o identidad de género, el origen nacional o las asociaciones políticas nunca serán factores en la decisión de emprender acciones de ejecución.

 

Frontera

En cuanto a la situación en la frontera, el DHS ha advertido que continúa expulsando a migrantes bajo la autoridad del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC).

 

Agrega que “aquellos que no pueden ser expulsados bajo el Título 42 y no tienen una base legal para permanecer (en Estados Unidos), son colocados en procedimientos de deportación acelerados o completos”.

 

El Título 42 fue activado en 2020 como parte de las medidas para frenar la pandemia del coronavirus en la frontera.

 

Respecto a los migrantes que no califican para ser deportados de manera expedita bajo el Título 42 de los CDC, el DHS dijo que “son colocados en ‘alternativas de Detención’” quienes, o bien quedan privados de libertad en una instalación de ICE o liberados con un documento legal”.

 

El documento legal mencionado se refiere a una Notificación de Comparecencia (NTA) para que el individuo se presente en una hora, fecha y dirección determinada como parte del debido proceso migratorio.

 

También incluye un aviso de presentarse a una oficina de ICE para un procesamiento de inmigración adicional, agregó.

 

Fuente: Univision

Escrito por Editor

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