La agencia federal a cargo del arresto y deportación de inmigrantes anunció este miércoles que “apoyará a los no ciudadanos (indocumentados) víctimas de delitos” y evitará deportarlos de Estados Unidos. Y que además los ayudará a encontrar beneficios legales disponibles.
La agencia federal a cargo del arresto y deportación de inmigrantes anunció este miércoles que “apoyará a los no ciudadanos ( indocumentados o sin papeles) víctimas de delitos” y evitará deportarlos de Estados Unidos.
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) dijo que había “actualizado” su política “para apoyar a las víctimas de delitos que no tienen estatus legal de permanencia en el país.
El término “no ciudadano” es utilizado para identificar a los extranjeros sin estatus legal de permanencia en el país, de acuerdo con una instrucción emanada por la Casa Blanca de Joe Biden el 20 de enero, día de la Toma de Posesión.
El cambio se hizo para diferenciar la actual política migratoria de la implementada por el gobierno anterior, denominada de “tolerancia cero”, centrada en la persecución de la inmigración ilegal.
“ICE ayudará a las víctimas a buscar justicia y facilitará el acceso a los beneficios de inmigración para los no ciudadanos que han sido víctimas de delitos”, agrega el comunicado.
La agencia dijo además que “esta nueva política está diseñada para mejorar la capacidad de las víctimas de buscar justicia contra los autores de delitos, incluso en casos de trata (contrabando) de personas”.
“Esta actualización de la política facilita la cooperación de las víctimas con las fuerzas del orden, mejora los esfuerzos de investigación criminal de ICE y promueve la confianza en los agentes y oficiales de ICE que hacen cumplir nuestras leyes”, dio Tae Johnson, director interino de ICE.
“El compromiso de ICE es ayudar a las víctimas de delitos independientemente de su estado migratorio”, agregó.
Johnson señaló además que “a través de este enfoque, minimizamos el temor a las repercusiones que las decisiones de ejecución puedan tener sobre la voluntad y la capacidad de los no ciudadanos víctimas de delitos para comunicarse con las fuerzas del orden, participar en investigaciones y enjuiciamientos, buscar justicia y recibir beneficios”.
“El anuncio es bueno porque ayudará a muchas personas víctimas de delitos que por temor a ser deportados no colaboraban con las autoridades”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).
“Esto ya existía durante Barack Obama e incluso antes. Pero bajo el gobierno de (Donald) Trump se eliminó. El gobierno anterior ordenó que, si una persona perdía un caso de Visa U (para víctimas de violencia), el expediente iba a parar a manos de ICE para deportar a ese individuo”, indicó.
Gálvez dijo además que “lo mismo ocurría con los dreamers que solicitan DACA. Si les negaban el beneficio, sus expedientes terminaban en manos de IOCE para ser puestos en proceso de deportación”.
“Mi consejo ahora, con la reactivación de este beneficio, es que si una persona ha sido víctima de un crimen, que llame a la policía indicando que son victimas y que cooperen con las autoridades. El gobierno está diciendo que toma la responsabilidad de cuidar a estas personas. Estamos volviendo a la normalidad”, precisó.
El pasado 3 de agosto la agencia publico una guía de recursos “para ayudar a las víctimas de trata de personas”. El plan incluye un programa que ayudará y protegerá de la deportación a inmigrantes víctimas de trata en casos graves certificados por la policía.
ICE dijo en aquella ocasión que el material “ayudará a las fuerzas del orden (federales, estatales, locales y tribales) a navegar por el proceso denominado de Presencia Continua (CP) con sus investigaciones y enjuiciamientos de trata de personas.
“Muchas agencias de aplicación de la ley y fiscales utilizan la CP como herramienta para combatir la trata de personas”, dijo Johnson. “Esta nueva guía de recursos tiene como objetivo ayudar a que un proceso complejo sea más fácil de navegar”, indicó.
La dependencia señaló que la CP “es una designación de inmigración temporal proporcionada a las personas identificadas por las fuerzas del orden como víctimas de trata de personas (sexual y laboral) que pueden ser testigos potenciales o haber presentado acciones civiles federales”.
El programa tiene una validez de dos años “y es renovable”, apuntó. “Los beneficiarios también son elegibles para recibir beneficios y servicios federales que brindan a las víctimas estabilidad, un medio de apoyo y protección contra la deportación”.
Fuente: Univision
