¿Puede el gobernador de Texas arrestar indocumentados y construir un muro en la frontera?

Los anuncios de Greg Abbott plantean preguntas, muchas de las cuales por ahora no tienen respuestas y revive la ley antiinmigrante de Arizona SB 1070, cuyas partes clave fueron prohibidas por la Corte Suprema de Justicia.

 

El anuncio hecho la semana pasada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que implementará un plan migratorio en la frontera sur que incluye seguir con la construcción del muro iniciada durante el gobierno de Donald Trump y arrestar a extranjeros sin estatus legal de permanencia, generó preguntas, para algunas de las cuales hay respuesta.

 

¿Hasta dónde llega la autoridad estatal para ejecutar una ley federal? ¿Bajo qué argumento legal se producirían las detenciones de presuntos extranjeros indocumentados? ¿Bajo qué cargos serán arrestados? ¿Y puede Abbott seguir construyendo un muro y que lo pague el gobierno federal?

 

El miércoles, Abbott anunció que utilizará $250 millones de fondos estatales para el muro y pidió ayuda a colabores privados para reunir más dinero. Pero a pesar del ruido que genera el plan, todavía quedan muchas preguntas que responder.

 

Estas son las claves del plan del gobernador de Texas, un estado gobernado por un republicano, crítico de la política migratoria del gobierno de Joe Biden y defensor de la ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.

 

Qué anunció Abbott

El gobernador de Texas dijo que, tras la celebración de una cumbre fronteriza, tomará “medidas enérgicas” contra cruces fronterizos ilegales en el Estado.

 

Bajo qué argumento

Según dijo, el plan es en respuesta a “las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden que han llevado a una crisis humanitaria en nuestra frontera sur”.

 

Indicó que la crisis registra niveles récord de inmigrantes ilegales, drogas y contrabando llegando a Texas. Pero no aportó cifras o datos de los problemas en los que está envuelto el estado de Texas.

 

Trabajo en equipo

El gobernador aseguró que “el Estado está trabajando en colaboración con las comunidades afectadas por la crisis para arrestar y detener a las personas que entran ilegalmente a Texas”.

 

El plan incluye “arrestar a criminales, proteger a dueños de propiedades, liberar a nuestras comunidades de drogas peligrosas y proporcionar a los tejanos el apoyo que necesitan y merecen en esta crisis sin precedentes”.

 

El blanco de Abbott

Según el plan, el objetivo será cualquier individuo que ingrese ilegalmente a Texas.

 

El detenido estará sujeto a arresto y confinamiento por ingreso ilegal a una propiedad. A los inmigrantes detenidos les levantarán cargos criminales por ingreso a una propiedad privada.

 

En qué se basa el plan

El plan migratorio de Abbott se basa en la declaración de desastre del 2 de junio, que ordena al Departamento de Seguridad Pública de Texas hacer cumplir todas las leyes penales federales y estatales para la intrusión criminal, entrada ilegal, el contrabando y la trata de personas.

 

La orden incluye establecer centros de detención alternativos para garantizar suficiente capacidad carcelaria para los inmigrantes indocumentados que son arrestados por actividades criminales como ingreso ilegal a una propiedad.

 

¿Puede Abbot ejecutar la ley de inmigración?

“No tiene poder para hacerlo”, dice el abogado de inmigración Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas (Texas). “Eso es competencia del Ejecutivo federal”, indicó.

 

“El gobernador ‘suena’ a que está en campaña para reelegirse y, además, evidencia el deseo de postularse como candidato presidencial del Partido Republicano”, indicó.

 

Barrón dijo además que “en este escenario Abbott se tendrá que medir con el expresidente (Donald) Trump, quien utiliza este mismo discurso”.

 

El discurso de Trump

Durante la campaña electoral en 2015, el entonces candidato Donald Trump acusó a los inmigrantes mexicanos de ser violadores, criminales y traficantes de drogas. Abbott usa un discurso similar.

 

Cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump decretó la inmigración indocumentada como una amenaza a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos. Abbott hace lo mismo.

 

Durante los cuatro años en la Casa Blanca, se emitieron más de 400 órdenes ejecutivas y memorandos para cambiar la interpretación de la ley de inmigración con el objetivo de atacar la inmigración indocumentada y dificultar la inmigración legal.

 

Barron dice que Abbott usa la misma retórica del exmandatario, “pero a la hora de tomar acciones se encontrará con una serie de demandas en los tribunales de justicia por abuso de su autoridad estatal”.

 

Solo no puede

Si Abbott quiere usar la ley de inmigración en el estado para arrestar a indocumentados y levantarles cargos criminales, deberá considerar “el consentimiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para enforzar la Ley de Inmigración”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona).

 

“Un gobernador no puede aplicar la ley de inmigración. Es la misma retórica utilizada en el condado Maricopa por el exalguacil de ese condado, Joe Arpaio”, indicó.

 

Qué hizo Arpaio

En 2007 la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de derechos civiles y defensoras de los derechos de los inmigrantes, demandaron al entonces sheriff Joe Arpaio y al condado de Maricopa por arrestar ilegalmente a conductores hispanos durante operativos de inmigración.

 

En el 2011 una corte federal halló culpable a Arpaio de utilizar prejuicios raciales y ordenó a sus agentes que dejaran de detener a conductores hispanos solo por la sospecha de que estaban en el país indocumentados.

 

Arpaio y sus agentes no acataron la orden y continuaron arrestando a no ciudadanos durante otros 18 meses.

 

Cecilia Wang, subdirectora de ACLU, dijo que Arpaio echó mano a métodos anticonstitucionales en su empeño perseguir a inmigrantes indocumentados. Hernández señala que este precedente será utilizado para desafiar la política migratoria de Abbott.

 

Simplemente “no pueden”

Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego, dice que “los gobernadores de los Estados no pueden gobernar en cuanto a situaciones de asuntos migratorios”.

 

“El problema de inmigración es exclusivo para la ley federal. Pueden emitirse algunas normas que afecten a todos los inmigrados, pero no pueden, por ejemplo, deportarlos a todos”, agregó.

 

“Y no sé si Abbott puede construir un muro en la frontera con México, proyecto que tiene un costo federal. Hay muchas preguntas que serán trasladadas a los tribunales de justicia, tal y como se hizo con la política de Trump”, indicó.

 

La Ley de Arizona SB 1070

El plan migratorio de Abbott sacó a relucir el debate de la Ley de Arizona SB 1070 y la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2012.

 

El máximo tribunal de justicia desestimó la orden que exigía a los agentes del orden público (policías estatales y municipales) que verifiquen el estado migratorio de todo individuo que sea detenido bajo cualquier otra ley vigente. También si el agente tiene “sospecha razonable” que se trata de un inmigrante indocumentado.

 

Los magistrados rechazaron además el apartado que convertía en delito bajo la ley del estado (criminaliza) el que un inmigrante no lleve consigo una identificación que pruebe se encuentra viviendo legalmente en Estados Unidos.

 

Los abogados consultados por Univision Noticias señalaron que el plan de Abbott podría cometer los mismos errores que cometió Arizona con la SB 1070.

 

Qué hará Biden

“El gobierno federal seguramente desafiará los planes de inmigración del gobernador Abbott por considerarlos ilegales”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell (Nueva York).

 

“Arizona intentó algo similar hace unos 10 años, pero la Corte Suprema derogó partes clave de la ley SB 1070 por anticiparse a la ley federal de inmigración”, precisó.

 

Una locura

Para la abogada Rebeca Sánchez-Roig, quien se desempeñó como fiscal de inmigración durante los gobiernos de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, y ahora ejerce el derecho de inmigración en Miami (Florida), el plan presentado por el gobernador Abbott es “una locura”.

 

“El gobernador puede arrestar por violaciones de la ley estatal, pero no la ley federal. Sin entrar en una discusión larga y tendida sobre los poderes para constituir leyes y políticas de inmigración, la respuesta corta es que Abbott no tiene la autoridad para arrestar a los inmigrantes por cruzar la frontera sin documentos, eso está bajo el alcance de la ley de inmigración que es ley federal”.

 

Agrega que “como no tiene el poder de arrestar a un inmigrante por sospecha de violación de una ley federal de inmigración, tampoco tiene la autoridad de encarcelar a estos inmigrantes, a menos que hayan cometido un delito según la ley estatal en Texas”.

 

¿Cómo lo hará y dónde?

Sánchez-Roig plantea: “Supongamos que Abbott siga adelante con su plan no autorizado e ilegal. ¿Dónde planea detener a los inmigrantes que arresta? No creo que tengan la capacidad de detenerlos en sus cárceles estatales. Abbott necesita concentrar los recursos valiosos del estado de Texas en el arresto, la detención y la condena de delincuentes reales”.

 

“Puedo ver una situación que se está gestando en la que algunos funcionarios estatales entusiasmados por Abbott, pero no autorizados para arrestar y detener por violaciones de inmigración, comiencen a alegar falsamente que la mayoría de los indocumentados que cruzan la frontera son traficantes de drogas o contrabandistas de personas, por lo que excusa el arresto por violaciones de una ley estatal y no simplemente por ingresar a Estadios Unidos sin inspección, una violación de la ley de inmigración”, indicó.

 

Cómo justificar los cargos

“Es muy fácil idear y evidenciar cargos falsos contra un inmigrante que cruza la frontera y que no tiene la sofisticación para ver o entender que los agentes del estado de Texas lo están engañando”, advierte Sánchez-Roig.

 

Agregó que la declaración hecha por Abbott el jueves, que estaban entrando en números récord a Texas inmigrantes criminales, “es evidentemente falsa. La administración de Biden no defiende la apertura de las fronteras. De hecho, nunca ha declarado ni ha hecho ningún reclamo por la apertura de fronteras. Todo lo contrario. El equipo de Biden ha dicho claramente que la frontera no está abierta. Abbott simplemente repite como un loro la falsa narrativa de los partidarios de Trump y debería ser responsable de promover públicamente declaraciones falsas”, apuntó.

 

El muro de Abbott

La estrategia de Abbott es simple. El gobernador de Texas sabe que no puede ejercer la ley de inmigración porque se trata de un asunto federal. Por eso advierte que procederá a arrestarlos “con leyes estatales”, dice el juez del condado Hidalgo, Richard Cortez.

 

Abbott no está hablando del muro de Trump que tiene 14 pies de alto, “sino de una cerca, un cordón o cualquier cosa simple, porque cualquiera que la pase y quiebre esa cerca tiene un caso criminal en Texas”, agrega.

 

Cortez explica que los agentes de orden público del Estado de Texas, el Highway Patrol, “los puede arrestar, tienen que ir por un juez, tienen que ir a corte y, si los hallan culpables, pueden estar en la cárcel por seis meses”.

 

Los escenarios

Para que se cumpla la política fronteriza de Abbott, tienen que ocurrir tres cosas, dice el juez de Hidalgo:

 

1. Las propiedades en Texas son privadas, es el dueño de esa propiedad el que puede poner el cargo. Un agente no puede ir a arrestar a una persona simplemente porque cruzó por aquí. El dueño de la tierra tiene que decir: ‘Esta persona entró por aquí y quiero que la arresten porque está en mi tierra’. Muchos de ellos (los dueños de tierra) van a decir: ‘Deja que pasen’;

 

2. (Las autoridades) No tienen suficiente evidencia para el cargo y los van a soltar.

 

3. Cruzaron la cerca y lo pones en la cárcel, pero igual los van a soltar.

 

Separaciones forzadas

En caso de implementarse la política de Abbott en la frontera, otra de las preguntas que surgen es qué pasará con las familias, los hijos menores de edad que vienen con adultos.

 

En 2018 el entonces presidente Donald Trump utilizó una estrategia similar separando forzadamente a miles de familias tras levantar cargos criminales por cruce ilegal a los padres.

 

La ley exige que si un padre tiene cargos criminales, el Estado se hace cargo de los hijos. Una vez el padre resolvió el caso criminal, fue en busca del hijo para reunificarse, pero el gobierno no estableció un protocolo adecuado de reunificación. El resultado de esta política fue que miles de padres fueron separados y cientos deportados solos a sus países de origen mientras sus hijos permanecen en Estados Unidos a la espera que concluyan sus juicios de deportación y/o asilo.

 

En febrero el gobierno de Biden creó un grupo de trabajo para revisar las separaciones forzadas ocurridas durante el gobierno anterior y proceder a la reunificación de las familias afectadas.

 

“A esos niños no los puedes poner en la cárcel”, dice Cortez. “¿Qué vas a hacer con ellos? Para mí, es más política al tema de Trump que nada más porque no creo que esa es la solución. La solución es que el gobierno federal tiene que poner atención y cambiar la ley”.

 

El juez de Hidalgo advierte además que tampoco espacio suficiente para encarcelar a los indocumentados en la mira de Abbott. “La capacidad que tenemos en las cárceles son 1,200 y estamos llenos”, dijo.

 

Fuente: CNN en Español