Niños desfilan como «policía comunitaria» de comunidades situadas en algunas de las regiones más pobres de México, como grito de socorro por la desesperada situación que enfrentan por el crimen organizado.
Pueblos mexicanos situados en algunas de las zonas más pobres de México arman a niños como un intento desesperado para llamar la atención a la situación que atraviesan por la violencia del crimen organizado.
En Ahuayaltempa, una comunidad indígena en Guerrero, al sureste del país, cuatro niños cuidan de sus chivos y juegan con perritos antes de sentarse en una ladera. Cuando se les pregunta por su formación como incipientes policías comunitarios, el mayor de los pequeños, Valentín Toribio, de 12 años, asegura que ahora solo entrenan “cuando van a venir periodistas y nos van a entrevistar”.
“Es para que nos vea el presidente y nos apoye”, aclara. Les da miedo salir del pueblo.
A Valentín le gusta aprender a disparar. Dice que de grande quiere ser policía. “Ya he tirado, me enseñó mi hermano en el campo”. En su casa, solo toma el arma para los desfiles. “Cuando sea más grande la voy a ocupar porque [ahora] puede ser peligroso”.
Geovanni Martínez, su primo de 11 años, está menos interesado en los entrenamientos porque tiene mucho trabajo. “Cuido los chivos, terminando voy con mis marranos y luego a dar agua a Filomena”, su burra. Si queda tiempo, juega al básquet. Quiere regresar a la escuela -paralizada por la pandemia del coronavirus- y cuando le preguntan si dispararía a un enemigo contesta contundente: “¡Nooo!”
Poco después de la conversación, más de una docena de niños están listos para empezar la exhibición: marchar, posición de tiro rodilla al suelo, sentados, cuerpo a tierra.
Una treintena de menores se presentaron formalmente en armas y salieron del pueblo desfilando para disparar al aire mientras gritaban consignas contra el grupo armado que les acosa, Los Ardillos. Las imágenes corrieron como la pólvora junto a sus reclamos: más Guardia Nacional y ayudas para huérfanos, viudas y desplazados por una violencia que en los últimos dos años se ha cobrado 34 vidas en varias comunidades de sólo dos municipios vecinos. También pedían maestros.
Guerrero, donde en 2014 desaparecieron 43 estudiantes de magisterio a manos de policías vinculados con el crimen organizado y con la complicidad de autoridades locales, estatales y federales, siempre ha sido un estado pobre y marcado por la violencia.
Los miedos de sus habitantes son reales. En esta región, conocida como La Montaña, rica en minas y clave en el cultivo y tránsito de la amapola, de la que se extrae goma de opio y heroína, las comunidades quedaron entre dos grupos -Los Rojos, ahora más débil, y Los Ardillos- que en su lucha por el control del territorio van dejando descuartizados y calcinados.
El convidado de piedra son las autoridades, de quienes los vecinos desconfían casi tanto como de los criminales.
Las policías indígenas comenzaron a multiplicarse en la zona en torno a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (la CRAC-PF) para hacer frente a esas bandas que iban apoderándose de sus tierras. Pero las diferencias entre líderes y la infiltración de delincuentes entre los comunitarios, a los que ofrecían apoyo y seguridad contra los contrarios, provocaron rupturas, choques internos y que mucha gente ya no distinga quién es quién.
«¡No nos miraban!»
Bernardino Sánchez Luna, uno de los fundadores de la CRAC-PF señala que la primera vez que presentaron a los niños fue en 2019. Divulgaron un vídeo de una docena de ellos armados con palos después de un ataque a la comunidad de Rincón de Chautla.
Las autoridades no habían atendido las llamadas de emergencia durante la balacera pero sí llegaron después a preguntar el porqué de la exhibición. “ ¡Pues porque no nos miraban!”, argumenta Sánchez Luna. Lograron algo de material para casas de los desplazados pero la violencia continuó.
La segunda “ performance”, como las llama el director de REDIM, fue en enero de 2020 en Alcozacán -a 30 minutos en carro desde Ayahualtempa- después del asesinato de diez músicos de ese pueblo, uno de 15 años. Fueron calcinados y sus camionetas tiradas por un barranco. Esa vez juntaron a 17 niños con armas de verdad. Lograron becas para los huérfanos y casas para las viudas.
Dos meses después, el hallazgo en un municipio cercano de una pareja con sus dos niñas calcinadas conmocionó la región.
La última exhibición de menores armados fue el 10 de abril en Ayahualtempa, a menos de dos meses de las elecciones de medio mandato, comicios clave para que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga la mayoría parlamentaria.
Hace dos años, antes de la pandemia, Ayahualtempa quedó situada y el kilómetro que separa la comunidad de la escuela secundaria se hizo intransitable para los adolescentes, sobre todo si eran familia de comunitarios.
Fue entonces cuando Luis Gustavo Morales, de 15 años, empezó a entrenar y ahora dice ir siempre con su pistola aunque “sin bala en la recámara” para evitar accidentes.
Todos los niños que participan en los entrenamientos son familiares de comunitarios pero Luis Gustavo es el único que acompaña a su padre en a las guardias cada 16 días en los retenes de las entradas al pueblo.
Luis Morales, su padre, reconoce que al principio le dio tristeza que su hijo tuviera que entrenar pero ahora está orgulloso de él porque así sabrá defenderse. Añade que si la seguridad regresa, le enviará de nuevo a la escuela.
En Ayahuantempa, sin embargo, no descartan volver a mostrar a sus niños armados porque, como el pequeño Valentín dice, “hay muchos hombres malos que quieren hacernos daño”.
Fuente: Univision
