El ministro de Hacienda de Colombia ha dimitido, pero parece que el enojo de la población va más allá de la controversial propuesta tributaria. Los grupos de derechos humanos dicen que han muerto 19 personas, y hasta Shakira pidió al gobierno que cese sus tácticas represivas.
Seis días de protestas por una propuesta de reforma fiscal en Colombia han dejado al menos 19 muertos que han incluido disturbios y violentos enfrentamientos con la policía, sin que se vislumbre el final.
Cuando las protestas comenzaron el 28 de abril, se convocaron inicialmente para oponerse a la propuesta de reforma fiscal, pero desde entonces se han ampliado, aunque el plan fiscal fue retirado.
Las muertes y la condena internacional por los supuestos abusos de los derechos humanos contra los manifestantes por parte de la policía parece que han aumentado la ira en las calle de Bogotá, Medellín, Cali y otra cuidades.
Qué está pasando en Colombia
El grupo que convocó la protesta de la semana pasada – el Comité Nacional de Paro – ha llamado a una nueva huelga nacional para el miércoles, diciendo que la retirada de la reforma fiscal no era suficiente y que también quiere mejoras en los sistemas de pensiones, salud y educación. Algunos de los manifestantes exigen también una reforma policial, la eliminación de la policía antidisturbios conocida como ESMAD e, incluso, el fin de los planes de fumigación de los cultivos ilegales de coca.
El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, dimitió el lunes un día después de que el presidente Iván Duque retirara el plan fiscal del Congreso en respuesta a las protestas.
Duque ha pedido a los políticos que elaboren otro plan para financiar programas sociales vitales después de que la economía quedara devastada por la pandemia de coronavirus. Pero los críticos dijeron que el plan favorecía a los ricos.
El producto interior bruto (PIB) de Colombia cayó un 6,8% el año pasado, el mayor desplome en medio siglo, y la pandemia de coronavirus ha hecho aumentar aún más su tasa de desempleo.
El plan del ministro de Hacienda incluía un impuesto del 19% sobre las ventas de gasolina, así como un esfuerzo por ampliar la base impositiva del país cobrando impuestos sobre la renta a las personas que ganan 700 dólares al mes o más. Carrasquilla también había propuesto un impuesto del 19% a los servicios públicos en los barrios de clase media y un impuesto a la riqueza para las personas con un patrimonio neto de 1,3 millones de dólares o más.
Fuerza excesiva
La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas ha acusado a las fuerzas de seguridad colombianas de utilizar una fuerza excesiva contra los manifestantes.
«La policía colombiana se ensaña con los manifestantes. Los derechos humanos totalmente despreciados, destrozados. Ni siquiera se molestan en disimularlo», escribió Adam Isacson, un veterano observador de Colombia de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
«Nunca he visto a Colombia tan mal, en tantos lugares a la vez», añadió.
La cantautora colombiana Shakira también pidió al gobierno que cese sus tácticas represivas.
Aunque el gobierno acepta que la policía puede haber cometido algunos abusos, informó el martes de 515 detenciones y se han incautado 140 armas de fuego, y 5,672 armas cortopunzantes. Dijo que 540 uniformados habían resultado heridos y que 21 de ellos habían recibido tratamiento hospitalario.
Añadió que 96 autobuses habían sido objeto de vandalismo, así como 36 cajeros automáticos de bancos y 99 bancos y 75 tiendas.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, 19 manifestantes han muerto desde el miércoles, así como un policía que fue apuñalado, pero eso fue antes de los nuevos enfrentamientos que se produjeron durante la noche en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia.
Temblores, una ONG que vigila la violencia policial en todo el país, dijo que 26 manifestantes han sido asesinados por la policía y que se han registrado 1.181 casos de violencia policial.
«La situación de derechos humanos en Colombia es crítica: no hay garantías para la vida ni para la integridad de los manifestantes,» escribio Sebastian Lanz, codirector of Temblores. «Los organismos internos de verificación de DDHH no están funcionando y hoy, podemos afirmar, que, en Colombia, el Estado de derecho está suspendido,» agrego.
El lunes, el jefe de la policía nacional de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, dijo que se han abierto 26 investigaciones sobre mala conducta policial. El ministro de Defensa del país culpó el lunes de la reciente violencia a los «grupos armados».
El gobierno ha intentado culpar de la violencia a los grupos criminales. «Colombia enfrenta amenazas particulares de organizaciones criminales que están detrás de estos actos violentos», dijo el ministro de Información, Diego Molano, durante una conferencia de prensa.
«Enormes dudas…»
El director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, tuiteó que las tácticas de la policía habían planteado «enormes dudas sobre si la Policía (…) son capaces de respetar plenamente los derechos humanos»
La ONU se mostró especialmente conmocionada por los sucesos ocurridos el lunes en Cali, donde, según dijo, la policía había disparado contra los manifestantes.
Dijo que se había informado de víctimas mortales, pero que aún no había podido verificar el número de ellas.
Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la ONU había recibido informes sobre defensores de los derechos humanos acosados y amenazados, así como sobre manifestantes heridos e incluso muertos en la ciudad.
La reforma tributaria del gobierno tenía como objetivo recaudar 6,700 millones de dólares para el gobierno de Colombia, que lucha por pagar sus deudas mientras intenta proporcionar a las familias pobres subsidios para mitigar el impacto de la pandemia.
El gobierno conservador de Duque dice que necesita el dinero para pagar las mejoras en la atención sanitaria y para seguir aplicando un plan de renta básica que comenzó durante la pandemia.
Se percibe que el gobierno no está en contacto con la realidad de la gente corriente. En una entrevista el mes pasado, se le preguntó a Carrasquilla cuánto costaba una docena de huevos. Su respuesta fue más de cuatro veces más barata que el precio real, lo que desató la indignación en un país que se tambalea por la crisis económica provocada por la pandemia.
Duque tenía previsto hablar el martes ante un grupo de élite de estudiantes internacionales en una charla anunciada como ‘Explorar cómo liderar un país dinámico en el siglo XXI’.
«El presidente Duque prefiere hablar con estudiantes extranjeros que con la gente y la oposición de su propio país. Es lamentable y demuestra mezquindad», escribió Sergio Guzmán, analista político que dirige la firma Colombia Risk Analysis.
Fuente: Univision
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