La espera en México para los inmigrantes que piden asilo en EEUU podría demorar años

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La espera en México para los inmigrantes que piden asilo en EEUU podría demorar años

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Activistas advierten que México no tiene, ni los recursos ni la infraestructura suficiente para atender, cuidar y velar por los migrantes que piden asilo en Estados Unidos y serán regresados hasta que los tribunales de justicia del vecino del norte resuelvan sus casos como acordaron ambos gobiernos esta semana.

 

México sufrió la presión de Donald Trump como nunca lo había hecho anteriormente. El mandatario vecino del norte, quien además es su principal socio comercial, lo amenazó con imponer aranceles escalonados a todos los productos mexicanos si no frenaba la oleada de migrantes centroamericanos que huyen de sus países en busca de asilo en estados Unidos.

 

Las negociaciones parecieron interminables, hasta que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su cuenta de Twitter que, “gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde”.

 

Trump por su parte hizo lo mismo y en la misma red social. En dos mensajes, dijo: “Me complace informar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas POR EEUU EL lunes, en contra de México, quedan suspendidas indefinidamente. México, a su vez, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal que viene de México a Estados Unidos. Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado. ¡Gracias!”

 

Una parte del acuerdo dice: “Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235(b)(2)(C) a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo”.

 

De inmediato surgieron preguntas: ¿Dónde esperarán? ¿Cuánto tiempo esperarán? ¿Qué harán las cortes de inmigración de Estados Unidos, que a finales de abril tenían 892,517 casos acumulados y solo 414 jueves se hallaban en servicio?

 

Zona peligrosa

 

“No hay infraestructura ni recursos para atender a los miles de migrantes que han huido de sus países y buscan asilo en Estados Unidos”, dice Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together capítulo México. “Y México no es un país que puede garantizar la seguridad de todos ellos, ni siquiera para todos los mexicanos”, agregó.

 

La tercera semana de mayo Univisión Noticias reportó que, desde su implementación el 28 de enero, unos 6,000 solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos han sido regresados a territorio mexicano hasta que un juez de inmigración decida sus casos.

 

La mayoría de ellos fueron regresados a Tijuana, la ciudad más violenta del mundo según el Consejo Ciudadano para la Justicia Pública y la Justicia Penal A.C.

 

Los migrantes, la mayoría centroamericanos provenientes del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), huyeron de sus países a causa de la violencia y la pobreza. La oleada, que fue advertida por primera vez en 2013, ha crecido y sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno de Trump, quien en febrero decretó una emergencia nacional para atender la crisis humanitaria.

 

Sólo en abril los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron a 98,977 migrantes en la frontera sur y los ciudadanos originarios de Guatemala y Honduras siguen encabezando la lista de aprehensiones. En mayo, la cifra alcanzó los 132,887.

 

La otra crisis

 

El atasco en las cortes de inmigración es, quizás, todavía más grave que la crisis que se vive en la frontera. A los 892,517 acumulados a finales de abril habrá que sumar otros 350,000 casos que habían sido cerrados Administrativamente en los últimos 20 años, pero que el exfiscal general, Jeff Sessions, ordenó reabrirlos como parte de la política de tolerancia cero.

 

Se trata de casos de inmigrantes en proceso de deportación que llevan tiempo en Estados Unidos, tienen familias establecidas, carecen de antecedentes criminales y no representan un peligro para la sociedad.

 

Sessions basó la decisión en las órdenes ejecutivas sobre las jurisdicciones santuario y el muro en la frontera con México, promulgadas por Trump el 25 de enero de 2017, donde decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

 

Uno de los decretos, además, amplió la lista de prioridades de deportación, entre ellas los inmigrantes con orden de deportación.

 

Sessions prohibió a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y buscar nuevas fechas de sus casos en los tribunales. La orden provocó un problema cuyas consecuencias todavía no se conocen en su totalidad.

 

El ahora exfiscal general y exsenador republicano por el estado de Alabama, dijo el año pasado que el “cierre administrativo”, un procedimiento discrecional que los jueces emplean desde 1980, carece de base legal, un argumento que de inmediato fue criticado por abogados y jueces.

Cifras alarmantes

 

Si se toma como base la acumulación al 30 de abril registrada por el TRAC, que alcanza los 892,517 casos, los 424 jueces activos tienen en promedio 2,105 casos.

 

Si se agregan los 352,159 casos reactivados por Sessions el año pasado a los 892,517 acumulados hasta finales de abril, las cortes de inmigración tendrían 1,244,676 expedientes pendientes de resolución. Esto significa que los 424 jueces activos tienen, en promedio, 2,935 casos cada uno.

 

Ahora bien, Sessions también fijó una cuota de 700 casos por juez al año. Eso significa que, en promedio, cada juez demoraría poco más de 4 años para evacuar su cartera, siempre y cuando durante todo ese tiempo no le asignen ningún caso nuevo.

 

El gobierno de Trump ha amenazado con despedir a los jueces que no cumplan con la cuota de 700 casos anuales. “Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió en octubre la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

 

“Es solo la ultima de una serie de cambios de políticas implementadas que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”, agregó.

 

A esta crisis, también hay que tener en cuenta las aprehensiones llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza en los dos últimos meses, abril y mayo, que suman 232,191.

 

“No sabemos por ahora si el gobierno contratará nuevos jueces para atender los casos de estos inmigrantes que retornarán a México”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si contratan nuevos jueces, habrá que prepararlos y eso lleva tiempo. Y una vez que se instalen en sus cortes, deberán contratar personal, y eso también lleva tiempo y cuesta dinero”.

 

“Ahora, si no contratan nuevos jueces y no habilitan nuevos tribunales, imagínese, esta crisis irá en aumento”, apuntó.

 

Fuente: UN

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