Peligran 279,000 niños estadounidenses si el Congreso no legaliza a titulares de TPS de El Salvador, Haití y Honduras

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Peligran 279,000 niños estadounidenses si el Congreso no legaliza a titulares de TPS de El Salvador, Haití y Honduras

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Los beneficiarios del programa han vivido en Estados Unidos durante décadas.

Aquí se han creado una vida para sí mismos, crían a cientos de miles de niños ciudadanos estadounidenses en los hogares que han construido y trabajan en empleos que tienen al país en marcha, dice una analista del Center for American Progress.

 

Unos 279,000 niños ciudadanos estadounidenses serían afectados directamente si el Congreso no actúa y aprueba una ley que regularice la permanencia de unos 300,000 inmigrantes de El Salvador, Haití y Honduras amparados bajo un Estatus de protección Temporal ( TPS), algunos de ellos con más de dos décadas viviendo en Estados Unidos.

 

Este lunes, el Center for American Progress (CAP) publicó un informe en el que detalla las consecuencias que tendría el término del programa para estos tres países, y aporta datos sobre el impacto negativo en la economía estadounidense si el Congreso no actúa y los tribunales de justicia revocan un fallo que mantiene vivo el programa para estos tres países.

 

El estudio forma parte de un Día Nacional de movilización y cabildeo “que le solicita al Congreso que promulgue protecciones permanentes para los titulares del TPS de estas tres naciones”, dice Rafael Medina, portavoz del CAP.

 

El TPS otorga un amparo temporal de deportación y concede un permiso también temporal válido mientras dura la protección otorgada por el gobierno a través de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia (DOJ).

 

El programa para estos países fue cancelado por el gobierno de Donald Trump, pero una corte federal lo restituyó temporalmente.

 

“Desde que el gobierno de Trump decidió rescindir las protecciones para más de 300,000 titulares de TPS, estas personas se han visto obligadas a vivir con temor y ansiedad constantes acerca de su futuro y el futuro de sus hijos.”, dijo a Univision Noticias Tom Jawetz, vicepresidente de política de inmigración del CAP. “Aunque una orden judicial preliminar emitida por un tribunal proporciona un alivio temporal a algunos titulares de este beneficio, muchos se han quedado fuera de la orden del tribunal y, en cualquier caso, solo el Congreso puede proporcionar protección permanente y el camino a la ciudadanía que se necesita”, añadió.

 

Daños irreparables

 

El CAP estima que los titulares de El Salvador, Haití y Honduras “representan el 94% de las casi 318,000 personas actualmente protegidas por el TPS. “Esto es lo que está en juego si los tribunales y el gobierno de Donald Trump y el Congreso no actúan”, se lee en el reporte.

 

Añade que los poco más de 301,000 beneficiarios del programa tienen una larga vida en Estados Unidos, algunos desde hace más de dos décadas, y por lo menos “279,000 niños ciudadanos de los Estados Unidos viven con familiares que son titulares de TPS de estos tres países”.

 

“Los poseedores de TPS de El Salvador han vivido en el país por un promedio de 22 años, los hondureños por 23 años y los haitianos por 17 años”, detalla el informe.

 

Y agrega:

 

  • Entre el 29% y el 32% de los titulares de TPS eran menores de 18 años cuando llegaron.
  • Aproximadamente 620,000 personas viven en un hogar con un miembro de la familia con TPS.
  • 21 estados y el Distrito de Columbia (DC) tienen al menos 1,500 residentes amparados por el TPS.

 

Beneficio económico

 

El informe del CAP revela además que la economía estadounidense se beneficia de los trabajadores con TPS y advierte que la inacción por parte del Congreso sería un error de lamentables consecuencias.

 

Indica que los titulares de TPS “tienen una tasa de participación en la fuerza laboral del 87%, con más de 246,000 trabajadores en el mercado laboral”.

 

“Los grupos ocupacionales más grandes son ocupaciones de limpieza y mantenimiento, con 48,000; construcción, con 44.000; y un número considerable, 9,300, que trabajan en ocupaciones cruciales relacionadas con el cuidado infantil, el cuidado personal y los auxiliares de salud en el hogar”, detalla.

 

El informe indica además que “el poder de gasto anual de los titulares de TPS es de más de 10.100 millones de dólares, y que los hogares con titulares de TPS aportan $2,300 millones en impuestos federales y $1.300 millones en impuestos estatales y locales anualmente”.

 

Añade que un tercio de los hogares con un titular de TPS tiene una hipoteca.

 

Familias estadounidenses

 

“Los titulares de TPS han vivido en Estados Unidos durante décadas. Aquí se han creado una vida para sí mismos, crían a cientos de miles de niños ciudadanos estadounidenses en los hogares que han construido y trabajan en empleos que tienen al país en marcha", dice Nicole Prchal Svajlenka, analista de políticas de inmigración en el CAP.

 

“Ahora, muchos titulares de TPS están considerando una opción imposible para ellos y sus familias: regresar a un país que no han visto en una generación o permanecen indocumentados”, agrega.

 

Svajlenka advierte además que “el Congreso no debe esperar hasta que los tribunales decidan el destino del TPS y de estas personas, y deben proteger a estas familias ofreciéndoles un camino a la ciudadanía en el país que han llamado su casa durante tanto tiempo".

 

El número de beneficiarios originales de los tres países era de 407,931 (262,766 salvadoreños, 58,620 haitianos y 86,005 hondureños), de acuerdo con cifras de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). El número de beneficiarios el año pasado se redujo a unos 318,000.

 

La agencia federal dijo que la diferencia obedece a varias causas, entre ellas que algunos perdieron sus derechos de permanencia por faltas o crímenes cometidos que los convirtieron en inadmisibles en el país, legalizaron sus permanencias por otras vías legales, decidieron no renovar sus permisos y se fueron del país.

 

Estado Actual del programa

 

A principios de octubre del año pasado un juez federal bloqueó la decisión del gobierno de Trump de acabar con los TPS argumentando que la cancelación podría causar "un daño irreparable y grandes adversidades" a los beneficiarios.

 

El fallo, emitido por el juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, liberó de la deportación a los cerca dde 318,000 inmigrantes.

 

La decisión planteó que el gobierno de Trump falló al demostrar qué daño pueden causar los nacionales de estos países que incluso han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años.

 

El dictamen fues el resultado de una demanda colectiva presentada en marzo por nueve inmigrantes de los países afectados y cinco niños estadounidenses. En ella argumentaron que Trump hizo declaraciones con prejuicios raciales que pudieron llevar a la cancelación del TPS, siendo esto algo que prohíbe la Constitución.

 

A la pregunta respecto a un plan B en caso que el Congreso no actúe, Jawetz dijo que “en este momento un mandato preliminar es mantener el TPS en vigor para varios cientos de miles de titulares , pero muchas personas quedan excluidas y el futuro sigue siendo incierto para todos. El congreso debe actuar cuanto antes”.

 

Historia de los TPS

 

En 2017, poco después de la cancelación de DACA, la Casa Blanca comenzó a cancelar los permisos, uno a uno, a los países beneficiarios del TPS. El argumento: que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones beneficiarias (El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua).

 

La primera anulación fue el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

 

La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos. Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 192,000 inmigrantes indocumentados que llevaban casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

 

El 4 de mayo de 2018 el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños.

 

El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

 

Fuente: UN

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